Hagamos Vaca…Muerta

La solidaridad de los gobiernos “progresistas” de Sur América no incluye el caso específico del petróleo o del gas, después de la era iniciada tras la muerte del Presidente Chávez.

Todos hemos visto la pelea del gobierno ecuatoriano contra la multinacional petrolera Chevron por la supuesta contaminación que dejó en vastas regiones del país la explotación implacable del crudo. La justicia ecuatoriana, convocada por los grupos de defensa medioambiental lograron que después de un largo y complicado proceso Chevron fuera condenada a pagar más de 18.000 millones de dólares, suma que fue reducida a la mitad  la apelación interpuesta por la compañía americana.

En efecto, la Corte Nacional de Justicias confirmó que Chevron es responsable por la polución causada por la Texaco, que operó entre 1.964 y 1.992, cuyos activos compró la primera en 2.001, pero rebajó sustancialmente la condena.

El Presidente Correa había procurado difundir la decisión judicial enfrentándose incluso a ciertos medios de prensa europeos que le critican que, simultáneamente haya decidido extender la explotación petrolera a zonas antes protegidas y en todo caso reivindicadas por los movimientos indígenas ecuatorianos.

De todos modos, sería lógico que el contencioso entre el Ecuador y Chevron fuera apoyado categóricamente por los países, y especialmente por los gobiernos que proclaman su condición de aliados de una nueva izquierda latinoamericana comprometida con el desarrollo social de esas naciones y opuestos a la dinámica capitalista en la que, de acuerdo con su catecismo revolucionario, las compañías petroleras juegan un papel esencial.

Pero, por lo menos en lo que toca con Argentina, ello no es así. Todo lo contrario; el gobierno de Cristina Kirchner, aliada y compañera de viaje ideológico del Presidente Correa, acaba de firmar un contrato multimillonario precisamente con… Chevron para iniciar trabajos de exploración y explotación de los yacimientos gasíferos de Vaca Muerta, un yacimiento de petróleo y gas de esquistos  (shale oil y shale gas) situado en las provincias de Neuquén, Río Negro, y Mendoza, Argentina.  En  febrero de 2012,  la nacionalizada YPF elevó calculó las  reservas en 22 500 millones de BEP. 

Pero lo verdaderamente sorprendente es que la inversión autorizada por el gobierno argentino, por  1240 millones de dólares, es la que le conviene a los intereses de Chevron, la misma empresa que combaten los grupos ambientales ecuatorianos, pero que al parecer tiene suficientes encantos como para superar la solidaridad socialista, como son los seductores aroma del petróleo y el gas.

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